Reproducimos el comunicado al que se ha adherido SEyTA, junto a las demás asociaciones que forman parte de la Mesa Sectorial de Arte Contemporáneo, en favor del Institut Valencià d’Art Modern, IVAM, referente nacional e internacional de las políticas expositivas, la investigación y la difusión artística durante años.

COMUNICADO DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES DEL SECTOR DE LAS ARTES VISUALES:

DESPOLITIZACIÓN DEL CONSEJO RECTOR, INDEPENDENCIA DEL DIRECTOR Y AUDITORÍA DE LAS CUENTAS DEL IVAM

julio-gonzalez-seytaYa son muchos los años que los profesionales de las artes visuales en la Comunidad Valenciana y del Estado español, tanto desde las asociaciones como fuera de ellas, vienen advirtiendo sobre la deriva del IVAM, que pese a haber comenzado su andadura como un centro museístico de referencia a nivel nacional e internacional, con una cuidada atención a sus políticas expositivas y líneas de investigación, pasó a ser el ejemplo que todos conocemos de incoherencia museológica, nepotismo administrativo y opacidad contable.

La situación en la que nos encontramos en este momento merece una especial atención, puesto que se percibe una cierta voluntad de regeneración institucional que parece estar introduciendo aires de cambio en el IVAM. Sin embargo, para que toda esta serie de movimientos no quede únicamente en una puesta en escena sin trascendencia efectiva, las asociaciones representativas del sector que suscriben este comunicado entendemos que hay tres puntos básicos que en este momento deben ser atendidos, para que podamos hablar de una verdadera voluntad de cambio.

En primer lugar, como ya se ha hecho mención en anteriores ocasiones, la composición del Consejo Rector está lejos de ser la deseable en una Institución museística que pretenda actuar con rigor teórico-práctico, articulando un proyecto de una cierta continuidad temporal, ya que la gran mayoría de sus integrantes son políticos profesionales, miembros del actual partido en el poder. Esto supone una clara merma no sólo de las potencialidades museológicas y museográficas del IVAM (al no tratarse de expertos en la materia), sino también del carácter democrático de un museo que es público (al no existir representantes de la sociedad civil), sufragado con el dinero de todos, y que debe permanecer ajeno a los intereses de cualquier partido. El documento 0 del sector de las artes sobre Buenas Prácticas en Museos y Centros de Arte estipula que la composición del patronato de un museo debe ser de entre un 20% y un 33% de representantes de la administración titular, entre un 20% y un 33% de representantes de la sociedad civil (asociaciones, colectivos, etc.) y entre un 33% y un 50% de científicos y expertos en arte. A día de hoy este balance de porcentajes se incumple de manera desproporcionada.

Este proceso de despolitización tiene que ser inminente, y puede realizarse sin otro mecanismo que la pura voluntad política, puesto que el año pasado vimos cómo el Consejo Rector era transformado de plano para asumir la forma actual, sin que ello haya generado ningún impedimento administrativo. Entendemos, por tanto, que con la misma celeridad con la que se llevó a cabo ese proceso, puede ser revertido, por lo que los/las representantes del sector exigimos una inmediata reformulación del Consejo Rector, para que los miembros no pertenezcan en su mayoría a la Administración titular, sino que esta mayoría la constituyan los expertos/as en Arte o en gestión de museos de reconocida trayectoria, y haya una igual proporción de los/las representantes de la Administración titular y de la sociedad civil.

En segundo lugar, la independencia del director del IVAM es una cuestión que se ha puesto de relieve en los últimos días, con las polémicas levantadas a tenor de las injerencias del Consejo Rector en las decisiones del nuevo director del IVAM, José Miguel García Cortés. La independencia del director, “que se plasma en la programación de exposiciones y actividades culturales, atendiendo a criterios estrictos de profesionalidad” según una carta que el pasado día 27 de noviembre enviaron los propios trabajadores del IVAM a la Consejera de Cultura, es una demanda conjunta del sector de las artes visuales, que debe ser respetada para garantizar la coherencia en la propuesta museística de la dirección del IVAM. El Consejo Rector debe ser un órgano con el cual la dirección del IVAM trabaje conjuntamente, en un proceso de mutuo entendimiento, con el fin de ofertar una programación que cumpla no sólo con unos elevados estándares de calidad, sino también con la función pública de incidir en la calidad de vida de los ciudadanos, a través de las capacidades expresivas de la práctica o consumo cultural y de la vertebración simbólica del territorio en el que se inserta el museo.

Recordamos aquí que es finalidad primera del IVAM “desarrollar la política cultural de la Generalitat en cuanto concierne al conocimiento, tutela, fomento y difusión del arte moderno”. Ello implica la generación de instrumentos y el desarrollo de programas que incentiven estos fines en todos los niveles de la estructura social. El IVAM es un Instituto, no un museo, y la dirección del mismo debe de ser permeable a la participación, diálogo y comunicación con la ciudadanía y los profesionales. Causa extrañeza que a estas alturas la dirección del IVAM aún no se haya comprometido y asumido los postulados de las buenas prácticas profesionales que en su día acordó el sector junto al Ministerio de Cultura como garantía de buen funcionamiento del mismo.

En tercer lugar, debido a los antecedentes de la anterior directora del IVAM, que salió de la dirección de Consorcio de Museos dejando un déficit de aproximadamente 14 millones de euros. Los informes aportados por el IVAM son insuficientes, por lo que se impone con urgencia la necesidad de una auditoría externa de las cuentas del IVAM cuyo resultado se haga público sin maquillajes, para saber en qué estado se encuentran actualmente y, si procede, que la justicia actúe como corresponda. Es de crucial importancia someter las cuentas del IVAM a una auditoría externa para que la actual dirección no se vea entorpecida por las consecuencias de una mala gestión anterior. La opacidad del IVAM en estas cuestiones llama la atención cuando se compara con comunidades autónomas como el País Vasco, donde ya en 2003 se aprobó una Ley de Museos en la que se obliga a informar anualmente del precio de las obras adquiridas con dinero público, o como Suiza, donde no sólo se informa a los ciudadanos del precio de las obras sino que en ocasiones deciden en referéndum la compra o no de las obras que integrarán la colección pública.

Debido a lo anteriormente expuesto, entendemos que estas tres demandas deben ser atendidas, no sólo por constituir una reclamación conjunta del grueso de la sociedad civil, representada por diversas asociaciones y colectivos profesionales, sino por la necesidad de entender lo público únicamente desde la perspectiva de transparencia, participación y responsabilidad política que caracteriza a la auténtica democracia. La sociedad reclama un IVAM en el que el cambio no se limite a una serie de declaraciones bienintencionadas, sino que cumpla con rigor las funciones públicas para las que fue creado.